EMILIO DE LA CRUZ. UN HISTORIADOR DE LA SIERRA DE SEGURA
Por María Amparo López Arandía
La Sierra de Segura ha sido
protagonista indiscutible de la producción científica de Emilio de la Cruz
Aguilar. Muy diversos han sido los temas abordados a este respecto, aunque
entre todos ellos destaca una línea de investigación, centrada sobre todo en
los aspectos relativos a la organización jurídico-administrativa de Segura y su
territorio, íntimamente relacionada con la explotación de los recursos
madereros, período inaugurado con la defensa de su tesis doctoral en 1977, bajo
el título Régimen de montes de Segura (siglos XIII al XIX)..jpg)
Emilio de la Cruz Aguilar. Orcera (1936)-Alzira (2020)
Sería en los años ochenta y noventa
del siglo pasado, cuando De la Cruz profundizó en esta línea del pasado
segureño, tras una primera aproximación ofrecida en su trabajo “Régimen de
Montes en la Sierra de Segura”, publicado en 1979. Así, en 1980 publica
Ordenanzas del común de la villa de Segura y su tierra de 1580, documento
localizado por él mismo entre una sentencia de la Real Chancillería de Granada,
datado en 1612, como resolución de un pleito iniciado por Génave, Torres y
Villarrodrigo contra la villa de Segura. La edición de las ordenanzas permite
conocer la regulación de la actividad agro-silvo-pastoril en las tierras de Segura
con anterioridad a 1748, en las que ya se pone de manifiesto el peso que la
explotación forestal tuvo históricamente para este entorno. Algunas de las
regulaciones establecidas por estas ordenanzas serían, igualmente, objeto de su
especial atención, como puso de manifiesto en su trabajo “Los caballeros de
Sierra en unas ordenanzas del siglo XVI”.
Un año después, en 1981, defiende su
discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Giennenses, organismo del que
fue nombrado consejero en 1975. El discurso, que fue editado por esta
institución en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, abordó el tema
de “La Provincia Marítima de Segura de la Sierra”, analizando, precisamente, el
período inaugurado con la promulgación de la ordenanza de Montes de 1748, que
puso a las tierras de Segura y su entorno bajo jurisdicción de la Secretaría de
Estado de Marina. Una etapa crucial para este territorio y que en virtud de la
existencia de ríos navegables en la zona, como el Guadalimar, Guadalquivir o el
río Segura y sus afluentes implicó el abastecimiento de madera por el sistema
de flotación a los arsenales de La Carraca y Cartagena y la dependencia
jurisdiccional directa de estas tierras al departamento marítimo de Cádiz y el
homónimo de Cartagena, en un período de una fuerte demanda de esta materia
prima, resultado de la amplia actividad en la construcción naval promovida por
los Borbones tras la Guerra de Sucesión.
Emilio de la Cruz colaborando con José Antonio Labordeta
en su programa para RTVE "Un país en la mochila"
La demarcación de la provincia
marítima trascendió el territorio mismo de la villa de Segura, incluyendo un
denominado ministerio -el de Segura- y cuatro subdelegaciones: Alcaraz,
Villanueva del Arzobispo, Cazorla y Santisteban, englobando a medio centenar de
localidades en una superficie de unos 9000 km2. Esta estructura pervivió con
altibajos, y con pérdida de algunos territorios, hasta 1836, tras la aprobación,
tres años antes, en 1833, de unas nuevas ordenanzas de Montes que abolieron jurisdicciones
privilegiadas, como esta, terminando con la actividad de instituciones creadas exprofeso
previamente, caso del Tribunal establecido en Orcera, tribunal de primera instancia,
que contaba con la actividad de un ministro y juez principal de Marina, un
auditor, un fiscal, un escribano y un alguacil.
La atención de De la Cruz por la
provincia marítima no minusvaloró atender a los grandes protagonistas de la
explotación forestal, especialmente los pineros que se encargaban del
transporte maderero por los cursos fluviales con destino a los arsenales. Del mismo modo, atendió a las consecuencias
del establecimiento de una provincia marítima en la zona, deteniéndose en los
aspectos jurídicos, que implicaron ante todo el choque entre la nueva
jurisdicción impuesta, más restrictiva, y los regímenes jurisdiccionales previos,
causa de la apertura de numerosos procesos en los años de pervivencia de esta
demarcación; consecuencias económicas, a su entender negativas, afectadas por
el establecimiento de “un monopolio estatal sobre la explotación y comercio de
la madera”, según sus palabras, y los límites impuestos a otras prácticas, como
la ganadera o el uso libre de los pastos, obviando, no obstante, quizás, que a pesar
de ello, una buena parte de la población del entorno se benefició de la
actividad de la explotación maderera al participar directamente en ella. Por
último, se centró en las consecuencias sociales, derivadas directamente de los
anteriores efectos, que llegó a calificar de trágicas; y políticas, ofreciendo
una visión también negativa, al advertir la pérdida de derechos por parte de
los municipios integrantes de la provincia marítima en favor de la Secretaría
de Marina.
Emilio de la Cruz colaborando en un programa de "Canal Sur TV"
En definitiva, prevalece en De la
Cruz una visión negativa de la existencia de la provincia marítima marcada, a
su entender, por la sobreexplotación del bosque por las Secretarías de Estado
de Hacienda y Marina en detrimento de los intereses locales.
Y es que la Secretaría de Estado de
Marina compartió la explotación de los montes segureños con la Secretaría de
Estado de Hacienda, que incidió en dicho territorio desde 1733, con pinadas que
tenían como destino la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.
También a esta acción prestó atención Emilio de la Cruz, quien años más tarde, concretamente
en 1987, analizó la actividad de otra institución que incidió sobre Segura de
la Sierra y su entorno, como fue el Real Negociado de Maderas, creado en 1733,
en Sevilla, para regular la tala y transporte maderero desde la Sierra de
Segura a los almacenes de la Real Fábrica de Tabacos, y cuya actividad se prolongó
hasta 1817. El Real Negociado dependía de la
Secretaría de Hacienda. Al frente del mismo se encontraba un Superintendente.
Pronto, el Real Negociado se encargó no solo de abastecer de madera a la Real
Fábrica de Tabacos sino de vender el excedente maderero a terceros, obteniendo
así un beneficio extra.
Especial del Diario Jaén
dedicado a Emilio de la Cruz
La promulgación de las ordenanzas de Montes en 1748 y el nacimiento de la provincia marítima implicó la confluencia de otra institución, la Secretaría de Marina, con intereses madereros en la zona, lo que trajo consigo un período de conflictividad, a pesar de que este se intentó frenar con medidas como la estipulación de qué tipo de madera quedaría bajo cada institución: bajo la Secretaría de Hacienda piezas de hasta diez varas de longitud, bajo la Secretaría de Marina, superiores a dicha medida; o incluso con la determinación de la alternancia anual en las cortas y pinadas con el fin de evitar la coincidencia en el mismo año del transporte para ambos organismos por el río Guadalquivir y sus afluentes. A pesar de ello, los enfrentamientos no cesaron. El Real Negociado contó con un amplio número de asalariados, encargados de la tala y transporte de madera desde el monte hasta Sevilla.
La actuación del Negociado, contó,
como sucedió con la Secretaría de Marina, con la oposición de los concejos de
la zona que vieron limitados sus antiguos derechos a explotar y comerciar con
la madera. Se llegó, incluso, por parte de la villa de Segura a solicitar del
Negociado el pago de los pinos talados en su término, acción que igualmente
llevaron a cabo Cazorla, La Iruela y Villaverde de la Sierra. De la Cruz achaca al Real Negociado,
como haría con Marina, el ser el causante de la deforestación del entorno de
Segura, acusándolo de incumplir los postulados del tipo de madera que se debía
cortar en su caso, explotando mucha materia prima que en realidad no era de
utilidad para sus intereses.
Emilio de la Cruz recibiendo el título de
presidente de honor del TUNAESPAÑA
por su obra "Libro del Buen Tunar"
Por otra parte, atribuye al Negociado la misión de contener los precios de la madera, al situar la de Segura a un precio inferior a la madera importada de Holanda y Flandes. La detenida mirada de Emilio de la Cruz al régimen jurisdiccional de los montes de Segura culminó en 1994 con la publicación ampliada de su tesis doctoral, bajo el título “La destrucción de los montes. Claves histórico-judiciales”, que, partiendo de la regulación jurídica de los montes por parte del derecho romano y por subsiguientes fueros como el de Cuenca, aborda los cambios impuestos por la ordenanza de Montes de 1748, prosiguiendo con la atención a la explotación de los montes en los siglos XIX, donde prevalecieron los procesos desamortizadores, especialmente el de 1855, y XX para culminar con la ley de espacios naturales de 1989, advirtiendo la existencia de períodos en los que los incendios forestales se expandieron.
Tras este estudio general, elige como
caso de estudio el de la Sierra de Segura, recordando su tradicional dedicación
a la explotación maderera y ganadera, ya regulada en las ordenanzas del común
de 1580, que crearon, a su entender, una sociedad homogénea, al permitir a la
totalidad de sus habitantes el acceso a dichos frutos. La fractura de esta
sociedad acaeció, para De la Cruz, en el siglo XVIII, con la intervención directa
de dos entidades estatales, la Secretaría de Hacienda y la de Marina, en el
territorio, que serían, a su entender, las responsables de la deforestación de
la sierra, llegando a considerar el período concerniente a la provincia marítima
de Segura de la Sierra, entre 1748 y 1836, como dramático. Un abuso estatal que
para el profesor De la Cruz continuaría en el siglo XIX con las
desamortizaciones y en el siglo XX con explotaciones promovidas por el propio
Estado, como las llevadas a cabo por RENFE a través de la empresa Explotaciones
Forestales. Omite, sin embargo, el autor, atender al volumen de madera
explotada, cuestión sobre la que recientes investigaciones han llamado la atención
y que pondría de manifiesto que, en realidad, la incidencia de las
explotaciones promovidas por las secretarías de Hacienda y Marina en el siglo
XVIII fueron inferiores a la presión ejercida desde Explotaciones Forestales en
el siglo XX.
Teatro Municipal "Emilio de la Cruz" en Orcera
Sin duda, el régimen jurídico que
afectó a Segura de la Sierra ha representado la principal línea de
investigación del profesor De la Cruz, como queda patente por los trabajos aquí
recogidos, a los que hemos de sumar su estudio sobre el fuero de Segura de la
Sierra. Aunque fue la línea de investigación
más significativa en su trayectoria, el régimen de los montes no fue el único
objeto de atención por parte de nuestro protagonista, que igualmente se
interesó por otros temas concernientes al pasado de Segura de la Sierra, desde
el pasado romano, centrándose en las vías de comunicación, pasando por la etapa
musulmana, para llegar a la realidad del siglo XVI o a la histórica actividad
socioeconómica de la zona más allá de la explotación maderera.
María Amparo López Arandía, autora del artículo.
Emilio de la Cruz sentó, con esta gran variedad de temáticas, las bases para la historiografía que posteriormente ha puesto su foco de atención en la Sierra de Segura, abriendo el camino a nuevas investigaciones. Sirvan estas líneas para homenajear al que, sin duda, puede considerarse el padre de las investigaciones sobre Segura de la Sierra y su entorno, cuyo legado permanece hoy a través de sus escritos.
